DERECHOS DE COLOMBIA, PANAMA Y ESTADOS UNIDOS EN EL CANAL

Por:

Ficha bibliográfica
Titulo:
Derechos de Colombia, Panamá y Estados Unidos ene el canal de Panamá. Los tratados Torrijos Carter y el tratado de Montería
Edición original: 2005-06-11
Edición en la biblioteca virtual: 2005-06-11
Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la República
Creador: Alvaro Tirado Mejía
Revista Credencial Historia

EDICION 165
SEPTIEMBRE DE 2003

 

DERECHOS DE COLOMBIA, PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS EN EL CANAL DE PANAMÁ
LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER Y EL TRATADO DE MONTERIA
Por: ALVARO TIRADO MEJIA

Tomado de: Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia). Edición 165
Septiembre de 2003

El 3 de noviembre de 1903, una Junta de notables declaró la independencia de Panamá y, acto seguido, los Estados Unidos procedieron a reconocer al nuevo Estado y a firmar un Tratado conocido como Hay-Buneau-Varilla que en gran parte reproducía el Hay-Herrán rechazado por el Congreso de Colombia.

 

En el nuevo tratado se hacían adiciones en favor de los Estados Unidos, la principal de las cuales fue la cesión a perpetuidad de una franja de terreno que se conoció como la Zona del Canal. Panamá recibió diez millones de dólares, los cuales fueron administrados por el Banco Morgan y por un grupo de especuladores norteamericanos que habían estado detrás de los sucesos de la separación.

Al contar Panamá con la protección y el reconocimiento de los Estados Unidos, Colombia se vio compelida a actuar sobre la base de hechos cumplidos. No reconoció al nuevo Estado; sin embargo, con Washington las relaciones no se rompieron. Colombia propuso un arbitramento pero los Estados Unidos desecharon la fórmula con el argumento de que no reconocían esa vía para el arreglo de asuntos políticos. En 1909 el gobierno de Rafael Reyes, por medio de nuestro representante en Washington, adelantó sendos tratados con Panamá y con Estados Unidos. En el primero, conocido como Cortés-Arosemena, se contemplaba el reconocimiento del nuevo Estado y de los límites entre los dos países. El segundo, conocido como Cortés-Root, contemplaba entre otros asuntos una indemnización de dos millones y medio de dólares para Colombia. Sin embargo, esta suma sería pagada por Panamá con parte de los dineros recibidos de Norteamérica. Por su parte, Colombia otorgaría a las embarcaciones de los Estados Unidos el uso de todos sus puertos, como lugares de refugio. El tratado fue presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación, mas el pueblo de Bogotá se insurreccionó contra él, Reyes tuvo que dejar el poder y Jorge Holguín, quien lo sucedió transitoriamente, lo retiró de la consideración de la Asamblea Nacional.

 

Mientras tanto, las obras del Canal avanzaban y para su inauguración los Estados Unidos necesitaban un arreglo con Colombia al objeto de presentar otra cara ante la opinión por su atropellada participación en la separación de Panamá. En 1913, el señor Dubois, representante norteamericano en Bogotá, presentó un memorando con miras a un tratado, el cual contenía una cosa buena y una mala. La buena era que los Estados Unidos reconocían el "sincero pesar" por lo acontecido. La mala consistía en que Colombia otorgaría una opción a los Estados Unidos para la construcción de un canal por el Atrato y además le permitiría establecer estaciones carboníferas en la isla de San Andrés. Con toda razón, el presidente Carlos E. Restrepo rechazó la propuesta. Los Estados Unidos querían proteger militarmente su canal y para ello le echaron el ojo a la Isla. Por la época de la propuesta se rumoró insistentemente que se iban a producir desembarcos y levantamientos en San Andrés propiciados por Nicaragua. Ya en 1902, el crucero norteamericano Nashville, el mismo que impediría el desembarco de tropas colombianas en Panamá en 1903, había visitado la Isla para proponerle a la población un levantamiento contra Colombia.

 

El 6 de abril de 1914 se firmó en Bogotá el Tratado Urrutia-Thomson, cuyas bases principales eran éstas: se mantenía la cláusula del "sincero pesar", se enumeraban los derechos de Colombia con respecto al Canal, al Ferrocarril de Panamá y al transporte de mercancías y tropas. Colombia debía reconocer la independencia de Panamá y como reparación material recibiría veinticinco millones de dólares. El Congreso de Colombia aprobó enseguida el tratado. No ocurrió lo mismo en los Estados Unidos. Teodoro Roosevelt entró en cólera y con su Partido Republicano inició la oposición al tratado, argumentando que su país no tenía nada de que excusarse y que Colombia lo que ejercía era un chantaje. Poco después vino la primera Guerra Mundial y las preocupaciones norteamericanas se dirigieron hacia ella.

En el entretanto, apareció Colombia como gran productor de petróleo y, con el objeto de obtener mayores beneficios, un grupo de senadores, encabezados por Cabot Lodge, ligaron la aprobación del tratado a los intereses petroleros. Satisfechos éstos, cesó su indignada oposición, se convirtieron a la causa del tratado y este fue aprobado en el Senado norteamericano el 20 de abril de 1921, suprimiendo el "sincero pesar", dividiendo la indemnización de veinticinco millones de dólares en cuotas a cinco años y restringiendo el paso de tropas, naves de guerra y pertrechos colombianos por el Canal, a los tiempos de paz. Con estas modificaciones, el Congreso colombiano aprobó el tratado por la Ley 56 del 22 de diciembre de 1921. En desarrollo del Tratado, Colombia reconoció a Panamá y celebró con este país, el 20 de agosto de 1924, el Tratado Vélez-Victoria, aprobado por el Congreso colombiano por Ley 53 del mismo año. Se estableció en él lo referente a los límites, con base en lo establecido por la Ley colombiana de 9 de junio de 1855. Como no se pensó en que algún día los Estados Unidos devolverían la Zona y entregarían el Canal a Panamá, no se especificó la forma como quedarían consagrados en esta eventualidad los derechos colombianos consagrados en el Urrutia-Thomson. Tampoco el Vélez-Victoria incluyó cláusula alguna que protegiera los derechos colombianos en esas circunstancias.

 

 

PANAMÁ LUCHA POR RECUPERAR LA ZONA Y EL CANAL

A Buneau-Varilla no le importaba Panamá: su objetivo era recuperar y valorizar la inversión en la Compañía del Canal. Por eso, como plenipotenciario, firmó en forma desventajosa con el secretario de Estado Hay, antes de que llegaran a Washington los representantes panameños. Por ello, también, Panamá se sintió vulnerada en sus derechos y pronto comenzó a tratar de modificar el Tratado Hay-Buneau-Varilla, cuya versión oficial en español solo estuvo disponible en 1926.

En 1936, en pleno New Deal y en desarrollo de la "política de buena vecindad" del segundo Roosevelt, se consagraron cambios referentes especialmente a los derechos de las personas que no fueran empleadas del Canal. Durante la segunda Guerra Mundial crecieron las tensiones porque, so pretexto de seguridad, los Estados Unidos intentaron apoderarse de la Isla de Taboga. En 1942 se firmó un Convenio para el ordenamiento de los sitios de defensa. El descontento entre los panameños crecía debido a las cláusulas sobre el Canal, al status de la Zona del Canal y a las discriminaciones raciales y laborales. En 1955 se suscribió el Tratado Remón-Eisenhower que contemplaba lo relacionado con el aumento de peajes sobre el Canal y con el tratamiento de istmeños y norteamericanos en la Zona. Las tensiones llegaron a su clímax en 1964, durante los enfrentamientos entre estudiantes panameños y norteamericanos de la Zona en los que murieron varios panameños.

En 1968, mediante golpe de Estado, llegó al poder Omar Torrijos, quien se propuso y logró recuperar la Zona y el Canal para su país. Torrijos acudió a la diplomacia para lograr sus objetivos, incluyendo una sesión del Consejo de Seguridad en Panamá. En 1974, siendo presidentes Nixon y Torrijos, se firmó la "Declaración de Ocho Puntos", que fue la base de los dos Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 y aprobados en el Senado norteamericano en 1978. Por el primero, se establecía la devolución de la Zona y la entrega del Canal para el 31 de diciembre de 1999; por el segundo, se establecía la neutralidad del Canal y se otorgaba un derecho de intervención a los Estados Unidos, para su protección.

LUCHA DE PANAMA Y DE COLOMBIA POR SUS DERECHOS

A la persistente e inteligente estrategia de Torrijos para lograr la recuperación de la Zona y el Canal se unieron la circunstancia afortunada de un presidente norteamericano, Jimmy Carter, con una visión democrática de las relaciones internacionales, y el concurso de un selecto grupo de gobernantes latinoamericanos que con sus consejos, su apoyo y actitud contribuyeron a la resolución afortunada del problema.

 

Torrijos adelantó una política reformista que le dio base de apoyo interno e internacional. Desarrolló en Panamá profundas reformas sociales y en el ámbito externo se apoyó en el entonces poderoso Movimiento de Países No Alineados y obtuvo para su causa el apoyo latinoamericano. En 1976, Carter vence a Gerald Ford, es elegido presidente de los Estados Unidos y emprende una política internacional de apoyo a los derechos humanos y a las democracias, que contrasta con la de frío realismo de Henry Kissinger en el Departamento de Estado. Retira el apoyo norteamericano a las dictaduras de Pinochet y Somoza, suspende la ayuda militar a El Salvador en donde apoya nuevas formas para la solución del conflicto, reconoce a la República Popular China, propicia los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, y logra con Panamá los Tratados de 1978. Su posición frente a estos tratados y el fallido rescate de los rehenes norteamericanos en Irán incidieron negativamente para su reelección. La derecha, encabezada por Reagan, manipuló en su beneficio electoral la negociación sobre los rehenes y sobre la devolución del Canal dijo: "Nosotros lo compramos, pagamos por él, es nuestro y lo vamos a guardar".

 

El 24 de marzo de 1975 se suscribió la llamada Acta de Contadora, producto de la labor continuada de los presidentes Alfonso López Michelsen de Colombia, Daniel Oduber de Costa Rica y Carlos Andrés Pérez de Venezuela quienes, con Omar Torrijos, habían constituido el primer Grupo de Contadora, para facilitar la negociación. Se trataba de gobiernos progresistas de países vecinos y solidarios con la causa de Panamá. Pero en el caso colombiano, a los elementos anteriores se agregaba la circunstancia de que Colombia tenía derechos consagrados por el Tratado Urrutia-Thomson, los cuales debía conservar. Del lado de sectores norteamericanos opuestos a la negociación se insinuaba que si ella no avanzaba era debido a las pretensiones de Colombia respecto a sus derechos. En cuanto a Panamá, existían sectores que consideraban que el tratado entre Colombia y los Estados Unidos era entre terceros para ellos y, en consecuencia, ninguna obligación vinculaba a Panamá. El asunto para Colombia era: cómo mantener sus derechos, cómo apoyar la justa demanda panameña y, al mismo tiempo, no ser, ni aparecer, como el impedimento para que la negociación avanzara. Muchas de las gestiones del Grupo se realizaron en Bogotá y en muchas ocasiones el presidente Torrijos obtuvo los consejos y el apoyo del presidente López Michelsen.

 

Por lo que respecta a Colombia, en el Acta de Contadora debemos destacar lo siguiente: en el Preámbulo se hace explícito el apoyo a los derechos inalienables de Panamá y se expresa que el Canal está sujeto a los riesgos derivados de una acción nuclear en caso de conflicto internacional. Por estar sujetos a esos riesgos debido a la vecindad, Panamá declara que al ser aprobado el nuevo tratado con los Estados Unidos, está dispuesta a celebrar un acuerdo con Colombia y Costa Rica para otorgarles beneficios de tránsito por el Canal a sus correos, bienes y mercancías y para permitirles en todo tiempo el tráfico de tropas, naves y materiales de guerra. Por su parte, Colombia manifestó en el Acta que una vez que Panamá concertase un nuevo tratado con los Estados Unidos, "renuncia a todo derecho otorgado por el tratado con respecto a materias que son propias de exclusiva jurisdicción soberana de la República de Panamá". Lo del Preámbulo, relacionado con los daños derivados del peligro nuclear, permitía allanar el camino para que Colombia pudiera renunciar a los derechos derivados del Urrutia-Thomson, recibiéndolos a su vez de Panamá, y demostrando así que no se convertía en una cuña contra la negociación. Al establecer el tránsito de tropas y elementos militares "en todo tiempo", superaba la limitación impuesta al aprobarse el Tratado en 1921, que reducía ese tránsito a tiempos de paz, cuando, si en algún momento se necesita más es en horas de conflicto.

 

Los derechos de Colombia otorgados por Panamá quedaron formalizados en el Tratado Uribe Vargas-Ozores, o de Montería, suscrito en esta ciudad el 23 de agosto de 1979, durante el gobierno del presidente Turbay, incluyendo los derechos de tránsito por el ferrocarril, "siempre que esté interrumpido el tráfico por el canal", los que no se habían mencionado expresamente en el Acta de Contadora.
 

 

Comentarios (0) | Comente | Comparta